Las leyes se están metiendo cada vez más en terrenos pantanosos y en asuntos fuera de su alcance. En parte es por culpa de las actuales poblaciones, que, siguiendo como borregos el ejemplo de los Estados Unidos, desean que todo esté reglamentado –cuando no todo tiene por qué estarlo–, y poder recurrir a instancias judiciales cada vez que les surge un conflicto, por menor que sea. Ante cualquier molestia o disensión, la tendencia de los ciudadanos es cada vez más a poner una denuncia de buenas a primeras, sin intentar ya casi nunca arreglar las cosas por su cuenta, o dialogar con los individuos con quienes se tiene el contencioso y llegar a un pacto razonable con ellos. Verbos como “ceder” o “acordar” están cayendo en desuso. La petición de delitos nuevos es continua, lo cual no es sino una manera de restringir las libertades y de penalizar casi todo, y por supuesto de acabar con la más mínima espontaneidad de la vida. Uno puede encontrarse con una demanda en cualquier momento, por causas en verdad inimaginables. No es raro que la gente se sorprenda al verse metida en un lío: “Vaya, resulta que he infringido la ley, que he incurrido en delito o falta”, se dicen muchas personas, perplejas, cuando les llega una inverosímil denuncia o una citación. Uno ya no sabe nunca cuándo cruza la línea roja. Es muy difícil permanecer a todos los efectos dentro de la legalidad. Sin duda habremos delinquido tanto ustedes como yo.
Ahora el Gobierno ha remitido un proyecto de ley de reforma del Código Penal, que afecta a ciento cincuenta artículos. Uno de ellos es el relativo al acoso laboral y, según la información de este diario, “se incrimina la conducta denominada de acoso laboral entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial, que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad”. (Las cursivas son mías, y no está de más señalar que esta redacción está hecha con los pies: baste como ejemplo la expresión “hostigamiento hostil”, como si pudiera haber alguno que no lo fuera. En fin.) Lo peligroso y disparatado es que las leyes ya no se limiten a juzgar los hechos incontrovertibles, como ha sucedido toda la vida, sino que dejen entrar en su propia formulación elementos enteramente subjetivos y por lo tanto imposibles de determinar, calibrar y juzgar. ¿Cómo se mide un hostigamiento “psicológico” cuando la psique de cada persona es distinta, única? ¿Cómo la “humillación”, cuando hay sujetos propensos a sentirse humillados por cualquier nimiedad –por una mirada, por un tono de voz, por una ironía, porque se haga caso omiso de sus infundadas quejas o de sus melindres– y otros tan ufanos y seguros de sí mismos que no se sentirán jamás así? ¿Qué objetividad puede aplicarse al concepto de “dignidad”, cuando cada cual lo entiende de una manera, y lo que para unos es indigno para otros no lo es? ¿Ustedes creen que algún político nuestro admite la indignidad de su comportamiento? Seguro que no, y sin embargo, a nuestros ojos, la mayoría incurre en ella un día sí y otro también. ¿Cuándo se sabe si una “ofensa” es “grave”, si lo es precisamente contra algo tan etéreo y variable como la dignidad?
Si se hacen depender los delitos de la percepción subjetiva de las supuestas víctimas, estamos perdidos, porque gente susceptible, pusilánime e histérica la hay en todas partes. Y gente locoide, no digamos, dispuesta a sentirse (peliagudo verbo para condicionar las leyes) ofendida, o acosada, o “irrespetada” –como dicen en la América hispana–, u hostigada sexualmente, por un chiste, un exabrupto, una tomadura de pelo, un vistazo a un escote o una mera discusión. Individuos paranoicos los hay por doquier. Hace unos días leí una carta, en otro dominical, en la que la firmante se quejaba de la publicación de otra misiva en la que, según ella, aparecían “estratégicamente” las palabras “bancos, paro, sistema, multinacionales, capital, trabajo, niños esclavos, circo mercantil, dirigentes, derechos, injusticias”. Y concluía: “No hace falta ser un lince para darse cuenta de que es otra exaltación del marxismo”, y calificaba de “infiltrado” al encargado de seleccionar la correspondencia que ve la luz. Así que ya lo saben columnistas y lectores: si en sus escritos incluyen “estratégicamente” términos tan sospechosos y tendenciosos como “bancos, paro, trabajo, dirigentes, injusticias”, están exaltando el marxismo, lo sepan o no. En tiempos de Franco habrían ido a la cárcel por ello.
En el momento, así pues, en que se da entrada a la subjetividad de cada cual a la hora de condenar y castigar, las bases de la justicia están siendo pervertidas desde su raíz, y se está dando un instrumento de persecución a cualquier idiota o locatis “con mucha sensibilidad”. Y como ya no cabe confiar en la sensatez de los jueces españoles en general, muchos de los cuales se distinguen por sus peregrinos veredictos y sus estupefacientes “consideraciones” en la redacción de sus sentencias, más vale que, en previsión de demencias mayores, toda reforma del Código Penal se abstenga de meterse en psicologismos y de hablar de nociones tan oscilantes y vagarosas como la humillación y la dignidad.
JAVIER MARÍAS
El País Semanal, 21 de marzo de 2010
